COGOBIERNO Y DEMOCRATIZACION

Muy pocos estudiantes saben al entrar en la universidad pública de Argentina que ellos, los estudiantes, deben cogobernar su propia Facultad y su propia Universidad. Lo harán junto con docentes y graduados. En elecciones obligatorias cada dos años deben elegir representantes para integrar los Consejos Directivos de las Facultades. Y también, por qué no, postularse como Consejeros Directivos.

A su vez, los Consejeros Directivos elegidos, más los de las otras Facultades eligen a los representantes de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad. Estos cuerpos colegiados funcionan algo así como el poder judicial, dictando las normas y ejerciendo funciones de gobierno tanto en las Facultades como en la Universidad. Son ellos los que –junto con los representantes de profesores y graduados–  eligen a las autoridades ejecutivas: decanos y rector.

La proporción de las representaciones en las Facultades es 25% para los estudiantes (4 consejeros), 25% para los graduados (4 consejeros) y 50% para los profesores (8 consejeros). Los decanos participan de las sesiones de Consejo y votan exclusivamente en caso de empate.

A cada grupo académico se lo suele llamar “claustro”. Como se ve, el claustro de profesores tiene la mayoría absoluta dentro de los Consejos Directivos (el decano debe ser profesor), y más holgada aún en el Consejo Superior. En base a esta realidad varias agrupaciones estudiantiles de izquierda desde hace más o menos una década vienen preconizando la necesidad de “democratizar” la universidad pública. Dicen que el claustro mayoritario, o sea los estudiantes, tiene apenas un 25% de representación en el gobierno lo cual sería antidemocrático. Argumentan que las proporciones generan algo así como el voto calificado y que lo democrático sería una persona– un voto.

El planteo es falaz. Las universidades públicas no son de sus usufructuadores circunstanciales, no son de los estudiantes ni de los graduados ni de los profesores. Las universidades públicas son del pueblo que las crea y financia. De todos. De los que la usan y de los que no. Del colectivero, el almacenero, el albañil, el desocupado. De todos. El dueño de la universidad pública es el pueblo entero, que la mantiene con sus impuestos. Por lo tanto es el pueblo el único que puede decidir cómo se gobierna la universidad, cosa que hace a través de sus representantes del Poder Legislativo, diputados y senadores. Ese poder dicta una Ley (la Ley de Educación Superior) y quienes usufructúan circunstancialmente la universidad, estudiantes, graduados y profesores deben acatarla y respetarla.

La falacia del planteo de la democratización de la universidad puede quedar tal vez más palmaria en este otro ejemplo. Supongamos un hospital público. Tiene cientos de pacientes y apenas un director. Nuevamente, es ridículo pensar que las decisiones ejecutivas deban tomarlas los pacientes, por más que sean mayoría dentro del edificio. El hospital no es de ellos ni tampoco del director. El hospital es del pueblo y, por las vías correctas y democráticas decide cómo debe gobernarse un hospital.

Ese 25% de representación que le toca a los estudiantes en el gobierno universitario es poco o nada si a los estudiantes no les interesa la política universitaria y es mucho si los estudiantes se convierten en actores activos de la vida universitaria. Planes de estudio, concursos docentes, distribución de presupuestos, todo lo que hace a la vida universitaria (y aún a la vida profesional) es competencia de los estudiantes. El cogobierno se gestó en el movimiento estudiantil, precisamente en Córdoba, Argentina en 1918, en lo que se dio a conocer como Reforma Universitaria. El modelo fue exitoso y copiado en varias partes del mundo porque se vio que el aporte estudiantil, con su juventud, su incontaminación, su creatividad, sus ideas innovadoras aportaba algo que los jovatos nunca podrían. Y ésta es tu hora.