La falacia de la democratización

La consigna de democratizar la UBA

Desde la Reforma de 1918, en la Argentina, las universidades nacionales tienen gobiernos tripartitos: profesores, graduados y estudiantes. Las representaciones en los diferentes estamentos de gobierno universitario son así: un poco más de la mitad de los representantes para los profesores, un poco menos de un cuarto para los graduados y otro tanto para los estudiantes.

Desde el año 2004, partidos políticos minoritarios -como el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Obrero- vienen reclamando con diversas manifestaciones -habitualmente violentas- la democratización de la UBA. Los argumentos que esgrimen para tal reclamo son dos.

El primero consiste en que no les parece democrático que 300.000 estudiantes tengan menos de un cuarto de la representación en el gobierno, mientras 7.000 profesores tienen más de la mitad de la representación. Esta distribución despareja del poder de decisión se equipara al voto calificado, a una oligocracia o algo por el estilo.

Pero es ridículo: la democracia surge del mandato popular de todo el pueblo argentino, que es el propietario de la universidad pública. No de los que lo usufructúan circunstancialmente. Pretender que el gobierno debe recaer en los estudiantes porque son un grupo más nutrido que el de los profesores es tan grotesco como pretender que las fuerzas armadas estén gobernadas por los soldados que son muchos más numerosos que los sargentos y a su vez más que los coroneles, que son más que los generales que apenas son unos pocos pero que en definitiva son los que tienen la batuta. El que manda es el pueblo en su totalidad, que puso al frente a una única persona -que es el Presidente-. El pueblo tiene derecho de tomar esa decisión y así lo ha hecho; eso es ciento por ciento democracia.

En el caso de las universidades el pueblo argentino decidió muy razonablemente -a través de leyes- que gobiernen mayoritariamente los profesores, que son los que tienen una inserción institucional y un conocimiento muy superior que la media de los estudiantes, y a los que se les impone mayor responsabilidad en el gobierno ya que dependen pecuniariamente de la institución.

El segundo argumento pasa por que en el claustro de profesores, que abarca a unos 30.000 docentes, sólo puede votar menos de un tercio de ellos. Esto se debe a que la mayoría reviste como interino y sólo están habilitados para emitir sufragio los regulares, que accedieron al cargo a través de un concurso abierto de oposición y antecedentes. Que sólo un tercio de los docentes pueda votar en el claustro docente es -según los supuestos democratizadores- antidemocrático.

También es un planteo falaz: sería ilegítimo y hasta fraudulento darle voto a docentes interinos, que fueron designados a dedo. Ellos pueden elegir y ser elegidos en el claustro de graduados. Sería en cambio muy sano para la Universidad poner el esfuerzo en regularizar la planta docente (como hizo la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), en lugar de pretender una falsa democratización que sólo esconde una maniobra de ganancia de espacio y poder político.